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Como consecuencia de la crisis sanitaria que actualmente está viviendo España, el Estado ha aprobado, a través del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, un conjunto de medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria destinada a la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago en plazo.

¿Quiénes pueden acogerse a esta medida?

Las personas físicas, los autónomos, empresarios y profesionales.

¿A qué tipo de préstamos se refiere esta medida?

Esta medida será de aplicación a las personas físicas con relación a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria contraídos para la adquisición de vivienda habitual y a autónomos, empresarios y profesionales respecto a los inmuebles afectos a su actividad económica y que se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica que se indicarán a continuación y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.

¿Qué debemos entender por situación de vulnerabilidad económica?

  1. El deudor hipotecario ha debido pasar a la situación de desempleo como consecuencia de la crisis del COVID-19 o, en caso de ser empresario o profesional  haber sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas en un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM).
    El IPREM puede verse incrementado en función de situaciones al aplicar conceptos como número de hijos a cargo, familia monoparental, personas mayores de 65 años de la unidad familiar, miembros o deudores hipotecarios con algún tipo de discapacidad o enfermedad, incapacidad laboral, etc. que se puedan acreditar.
  3. Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  4. Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

¿Cuándo se entenderá que se han producido estas circunstancias?

  1. Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,3.
  2. Se entenderá que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.
  3. Se entenderá por unidad familiar aquella que esté compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda.

¿Qué documentación habrá que presentar para acreditar que se cumplen las condiciones establecidas?

  1. En caso de haber pasado a una situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  2. En caso de haberse producido el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  3. El número de personas que habitan la vivienda se acreditará mediante la presentación del libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de empadronamiento relativo a las personas que residan en la vivienda, con referencia al momento de presentación de esta documentación y los seis meses inmediatamente anteriores, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad, en su caso.
  4. Titularidad de los bienes se acreditará mediante nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar; escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.
  5. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto ley.

¿Cuál es el plazo para acogerse a esta moratoria?

Los deudores  hipotecarios que cumplan y acrediten los requisitos enumerados anteriormente, podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del Real Decreto Ley 8/2020, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual.
Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

¿Cuál es el plazo de la entidad acreedora para implementar la moratoria solicitada?

La entidad acreedora dispone de un plazo de 15 días para implementar la moratoria solicitada. Una vez concedida esta, la entidad acreedora deberá comunicar al Banco de España su existencia y duración.

¿Cuáles son los efectos que conlleva la moratoria?

  1. Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma e inaplicación durante el período de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.
  2. No se aplicará el interés moratorio durante la vigencia de la moratoria.

¿Las escrituras de formalización de moratorias de préstamos hipotecarios están exentas del Impuesto de Transmisión Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)?

La Disposición final primera del Real Decreto Ley 19/2020 ha añadido un nuevo número 29 al artículo 45.I.B) de la Ley del ITPAJD, a los efectos de declarar la exención en este impuesto de las escrituras de formalización de moratorias hipotecarias solicitadas como consecuencia de la crisis sanitaria del Coronavirus: las previstas en el artículo 13.3 Real Decreto Ley 8/2020, en el artículo 24.2 Real Decreto Ley 11/2020, o en los Acuerdos marco sectoriales previstos en el artículo 7 del Real Decreto Ley 19/2020.

¿Se puede solicitar la moratoria para otros créditos o préstamos sin garantía hipotecaria?

Sí, la posibilidad de la moratoria se ha ampliado a los créditos y préstamos sin garantía hipotecaria, siempre que estén contratados por una persona física que se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Durante el período de vigencia de la suspensión, el acreedor no podrá exigir el pago de la parte de capital principal ni de intereses ni de ningún otro concepto y no se devengarán intereses de ningún tipo.

¿Cuándo se puede solicitar la moratoria de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria?

La suspensión de las obligaciones derivadas de créditos o préstamos sin garantía hipotecaria podrá ser solicitada por personas físicas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 de su acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma.

¿Qué duración tendrá la suspensión de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria?

La suspensión tendrá una duración de tres meses ampliable mediante acuerdo de Consejo de Ministros.

¿Puede exigirme el acreedor el pago de los intereses del crédito o préstamos sin garantía hipotecaria suspendido?

No, el acreedor no podrá exigir el pago de ninguno de los conceptos que integran la cuota, amortización del capital o pago de intereses. Tampoco se devengará ningún tipo de interés, ni ordinario, ni de demora.


MÁS INFORMACIÓN: 

Esta información tiene carácter orientativo, no siendo vinculante en ningún caso. Se concibe como una información de apoyo al emprendimiento. Se recomienda comprobar la normativa oficial y, en su caso, estudiar y consultar cada caso concreto.