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Moratoria para el pago de los alquileres

Con los objetivos de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y facilitar que la actividad económica se recupere cuando remita esta situación de emergencia sanitaria, mediante el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, el Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas dirigidas a las familias y colectivos vulnerables, encontrándose entre ellas la suspensión del desahucio y la moratoria para el pago de alquileres.

El primer bloque de medidas de esta norma tiene como objetivo apoyar a las personas que NO puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional.

La moratoria de la deuda arrendaticia se concibe como una medida de apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, pero también se hace extensiva a empresas y autónomos.

¿En qué se concretan estas medidas?

  1. Se suspenden los procedimientos de desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma para las personas arrendatarias o arrendadoras que acrediten ante el juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia del COVID-19. Esta situación deberá acreditarse.
  2. Se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler, en el periodo que va desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el día en que cumplan dos meses desde su finalización y sus prórrogas, por un período máximo de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.
    Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que fije otros términos y haya acuerdo entre las partes.
  3. Moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras.

¿Cómo se debe proceder en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda, es decir, el que posea MÁS de diez inmuebles o una superficie construida de más de 1.500 m2?

El inquilino en el plazo de un mes, desde el 2 de abril de 2020, podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario,en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

  1. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

¿Cómo se debe proceder en el caso de que el arrendador NO sea un gran tenedor de vivienda, es decir, el que posea MENOS de diez inmuebles?

Para el caso en el que el arrendador NO sea un gran tenedor de inmueblesel inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta.
Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.
En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado pudiendo solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

¿Quién puede acogerse a estas medidas?

Personas físicas o empresarios que estén en una situación de vulnerabilidad económica conforme a los siguientes supuestos:

  1. Que la persona que esté obligadaa pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
  2. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
  3. El IPREM puede verse incrementado en función de situaciones al aplicar conceptos como número de hijos a cargo, familia monoparental, personas mayores de 65 años de la unidad familiar, miembros o deudores hipotecarios con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental, incapacidad laboral, etc. que se puedan acreditar
  4. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

A estos efectos, se entenderá por gastos y suministros básicos el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
La unidad familiar es la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

¿Qué documentación hay que presentar para acreditar la situación de vulnerabilidad?

  1. En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  2. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  3. El número y circunstancias especiales de las personas que habitan en la vivienda habitual se acreditará con:
  • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  1. La titularidad de los bienes mediante nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  2. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto ley.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos y que éstos están relacionados con el COVID-19. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

¿Se ha aprobado algún programa específico para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual?

Sí, se ha aprobado un programa de ayudas al alquiler mediante adjudicación directa a las personas arrendatarias que tengan problemas transitorios para atender el pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social.

Beneficiarios: personas físicas en su condición de arrendatarios de vivienda habitual que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.
El supuesto de vulnerabilidad económica y social será determinado por las comunidades autónomas. Siempre comprenderá lo indicado en párrafos anteriores para el supuesto de vulnerabilidad económica.
Los beneficiarios deberán acreditar, además que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendador de la vivienda o que no sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora.

Cuantía y plazo: 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya pagado la renta de la vivienda habitual.
Se podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.

Solicitud de la ayuda, gestión y abono: será la comunidad autónoma correspondiente el órgano competente para tramitar la solicitud, gestionarla y proceder al abono de la misma.
La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria a su comunidad autónoma como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.
La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.

Programa específico para víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual personas sin hogar y otras especialmente vulnerables

Objeto: facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.

Beneficiarios:

  • personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
  • administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.

Se considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración por los servicios sociales de sus comunidades autónomas o de las administraciones locales correspondientes.

Cuantía: 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Plazo de la ayuda: se podrán conceder por un plazo máximo de cinco años, pudiendo acumularse a los plazos anteriores, con efectos retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a los que la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente

La gestión de esta ayuda corresponde a las comunidades autónomas que podrán conceder la de forma inmediata, mediante adjudicación directa, con la sola acreditación de la condición de víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado, de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de persona especialmente vulnerable. A tal efecto se adjuntará un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda.

La Comunidad de Madrid informa a los ciudadanos que los inquilinos de viviendas sociales sobre la reducción del precio de la renta a la que tienen derecho por encontrarse en una situación de vulnerabilidad por el COVID-19, así como aquellos emprendedores que tienen negocios en los locales comerciales de los inmuebles de la Agencia de Vivienda Social (AVS).


MÁS INFORMACIÓN:

Esta información tiene carácter orientativo, no siendo vinculante en ningún caso. Se concibe como una información de apoyo al emprendimiento. Se recomienda comprobar la normativa oficial y, en su caso, estudiar y consultar cada caso concreto.