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El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha acordado la suspensión de ciertos plazos.

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dispone en su artículo 9 que con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará.

¿Qué plazos son los que se han suspendido?

  1. Suspensión de plazos procesales.
    Se han suspendido los términos y se han suspendido e interrumpido los plazos previstos en las leyes procesales para todas las órdenes jurisdiccionales (disposición adicional segunda).
  2. Suspensión de plazos administrativos.
    Se han suspendido los términos y se han interrumpido los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (disposición adicional tercera). Esta suspensión se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.En consecuencia, el periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos, y quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
  3. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad
    Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos también han quedado suspendidos.

¿Hasta cuándo durará la suspensión?

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y las prórrogas del mismo.

¿Hay alguna excepción para estas suspensiones?

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a:

  1. Los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
    En fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
  2. En relación al resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción no será de aplicación a los siguientes supuestos:
  • El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
  • Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
  • La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
  1. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

La suspensión de plazos administrativos no será de aplicación a:

  1. Los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
  2. Los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
  3. El órgano competente podrá acordar las instrucciones que considere estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  4. Las entidades del sector público podrán continuar con la tramitación de aquellos procedimientos administrativos que se refieran a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

¿Ha habido alguna modificación con relación a los plazos para recurrir ante la administración?

Sí, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualquier otro procedimiento de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la fecha en la que se produjo la notificación del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.

El plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impuganado y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso.

¿Qué puedo hacer si tengo que presentar una solicitud ante el SEPE y por la situación actual no puedo hacerla en plazo?

Durante el periodo de vigencia de las medidas aprobadas para combatir los efectos del COVID-19, y que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos, la  presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente, tal y como establece el artículo 26 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En base a este precepto, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge en su página web que ante la situación excepcional que se está atravesando, nadie va a perder ningún derecho por presentar una solicitud fuera de plazo.
Además ha habilitado teléfonos de información tanto para ciudadanos como para empresas:

  • Ciudadanía: 900 812 400
  • Empresas: 900 812 401

¿Ha habido algún cambio en los días tipificados como hábiles en la Comunidad de Madrid?

La Comunidad Autónoma de Madrid ha hecho público el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en todo el territorio de la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la misma.
No obstante le sugerimos que se dirija al órgano competente o bien llamando al 012 (Información de la Comunidad Autónoma de Madrid) para su confirmación.


Esta información tiene carácter orientativo, no siendo vinculante en ningún caso. Se concibe como una información de apoyo al emprendimiento. Se recomienda comprobar la normativa oficial y, en su caso, estudiar y consultar cada caso concreto.