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11.000 millones de euros para ayudar a empresas y autónomos frente a la COVID-19

El Gobierno a través del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, establece un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que moviliza 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas y autónomos, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

DISTRIBUCIÓN:

  • 7.000 millones de euros en ayudas directas para autónomos y empresas (Título I)
  • 3.000 millones de euros para reestructuración de deuda financiera (Título II)
  • 1.000 millones de euros para un fondo de recapitalización de empresas (Título III)

¿Quién se podrá beneficiar de las ayudas?

Las empresas y autónomos destinatarios de las medidas previstas en este real decreto ley deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:

  • Contar con pérdidas de al menos un 30% en 2020
  • Mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022
  • Estar al corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social
  • Tener una actividad incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 09

 No deberán:

  • Tener domicilio fiscal en un paraíso fiscal
  • Repartir dividendos ni subir los salarios de sus equipos directivos en un plazo de 2 años
  • Estar incursas en un procedimiento concursal
  • Haber cesado en su actividad en el momento de la solicitud


LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (TÍTULO I)

Se destinan 7.000 millones de euros para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020 por empresas y autónomos con una actividad afectada negativamente por la pandemia, con el siguiente reparto:

  • Una dotación de 5.000 millones de euros, que se asignarán a todas las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
  • Una dotación de 2.000 millones de euros, que se asignarán a las Comunidades Autónomas de Balares y Canarias.

En el caso del primer punto, la dotación de los 5.000 millones de euros, se distribuirán de manera proporcional a la asignación de laAyuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil.

En concreto, el reparto se basa en los siguientes tres indicadores:

  1. Indicador de renta: mide el peso de cada Comunidad Autónoma en la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas, medida a través de la renta per cápita respecto a la media nacional.
  2. Indicador de desempleo: considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al  incremento del paro registrado nacional en 2020.
  3. Indicador de desempleo juvenil (16 – 25 años): análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro juvenil registrado nacional en 2020.

En el caso del segundo punto, la dotación de los 2.000 millones de euros, se repartirán de forma proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos, esto es, descontando el efecto de los ERTE, de acuerdo con el certificado que a tal efecto emita el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Destino

Las ayudas son no reembolsables y de carácter finalista y se podrán emplear para a cubrir gastos fijos (salarios, arrendamientos, suministro de energía, cambio de potencia…) y reducir deuda con proveedores siempre y cuando estas obligaciones:

  • Se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y
  • Procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor de este nuevo Real Decreto Ley.

Cuantía

  • Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán pedir un máximo de 3.000 euros,
  • Para el resto de los autónomos y empresas la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Límites

a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:

  • El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
  • El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

Sectores y criterios

Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
Deberán haber realizado al menos una de las actividades durante 2019 y 2020 y continuar con dicha actividad en el momento de la solicitud.
Se podrá solicitar en distintas Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
Cuando se trate de grupos de empresas la solicitará la sociedad representante, siempre que se haya formado parte del grupo durante 2020. En caso de que se forme parte de un grupo durante 2019 pero no en 2020 se deberá presentar de forma individual
En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar los recursos pudiendo acceder todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados, establecidos en el Real Decreto Ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.

Gestión

Este nuevo fondo será gestionado por las comunidades autónomas, si bien la Agencia Tributaria controlará los requisitos exigidos para obtener las prestaciones.

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán las correspondientes convocatorias para la asignación de las ayudas directas a los destinatarios sitos en sus territorios, asumirán la tramitación y gestión de las solicitudes, así como su resolución, el abono de la subvención, los controles previos y posteriores al pago y cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la adecuada utilización de estos recursos, de acuerdo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo reglamentario.

No podrá concederse ninguna ayuda directa de las recogidas en este Título pasado el 31 de diciembre de 2021.

LÍNEA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA (TÍTULO II)

Se trata de medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, para permitir que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes.

Contará con una dotación de 3.000 millones de euros que se destinarán a reestructurar los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las medidas se aplicarán a las empresas y autónomos con sede social en España, que hayan suscrito operaciones de financiación que cuenten con aval público, que se hubieran concedido por las entidades de crédito o por cualquier otra entidad supervisada por el Banco de España que realice la actividad de concesión de préstamos o créditos a empresas y autónomos con sede social en España, entre el 17 de marzo de 2020 y la fecha de publicación de este Real Decreto Ley.

También podrán aplicarse estas medidas a las que cuenten con reaval concedido por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA).

Requisitos

Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán en un próximo Acuerdo de Consejo de Ministros, dentro de un proceso de renegociación en el que las entidades financieras tendrán que asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo que les corresponda.

En cualquier caso, para su elegibilidad, será necesario que la empresa o autónomo, en los casos en que le sea aplicable y siempre que el plazo de solicitud estuviera vigente, haya solicitado previamente las medidas de ampliación de plazos y carencias, recogidas en el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre.

Niveles de actuación

  1. Posibilidad de extensión del plazo de vencimiento de los préstamos concedidos con aval público a partir del 17 de marzo de 2020, más allá de lo realizado en aplicación del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre.
  2. Si no fuera suficiente la extensión adicional del vencimiento de los préstamos con aval público, existe la posibilidad de convertir estos préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público.
  3. Medidas de último recurso, de carácter excepcional, consistente en la realización de transferencias a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia.

Estas transferencias solo podrán realizarse a favor de las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos de elegibilidad fijados por Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación de deudas acordado previamente con las entidades financieras acreedoras.

Por lo tanto, dentro de este proceso de renegociación, las entidades financieras acreedoras asumirán la parte que les corresponde de la reducción del principal pendiente del préstamo

Código de buenas prácticas

Igualmente, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se desarrollará el contenido de un Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito voluntariamente por los bancos para asegurar una adecuada respuesta del sector financiero ante esta excepcional situación económica.

LÍNEA FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS (TÍTULO III)

Se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID-19, fondo carente de personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las empresas con sede social en España, cuyos criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

La dotación del Fondo asciende a 1.000 millones de euros

En concreto, el Fondo aportará dicho apoyo exclusivamente en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, o una combinación de ellos, a empresas no financieras, que previamente lo hubieran solicitado y que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren inviables a futuro.

La gestión del Fondo queda encomendada a la sociedad mercantil estatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.

Las competencias de la gestora del Fondo se determinarán por acuerdo del Consejo de Ministros.


MÁS INFORMACIÓN:

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Esta información tiene carácter orientativo, no siendo vinculante en ningún caso. Se concibe como una información de apoyo al emprendimiento. Se recomienda comprobar la normativa oficial y, en su caso, estudiar y consultar cada caso concreto.