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Moratoria deuda hipotecaria y no hipotecaria 

Como consecuencia de la crisis sanitaria que actualmente está viviendo España, el Estado ha aprobado, a través del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, un conjunto de medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria destinada a la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago en plazo.

¿Quiénes pueden acogerse a esta medida?

Las personas físicas, los autónomos, empresarios y profesionales.

¿A qué tipo de préstamos se refiere esta medida?

Esta medida será de aplicación a las personas físicas con relación a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria contraídos para la adquisición de vivienda habitual y a autónomos, empresarios y profesionales respecto a los inmuebles afectos a su actividad económica y que se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica que se indicarán a continuación y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.

¿Qué debemos entender por situación de vulnerabilidad económica?

  1. El deudor hipotecario ha debido pasar a la situación de desempleo como consecuencia de la crisis del COVID-19 o, en caso de ser empresario o profesional  haber sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas en un 40%.
  2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM).
    El IPREM puede verse incrementado en función de situaciones al aplicar conceptos como número de hijos a cargo, familia monoparental, personas mayores de 65 años de la unidad familiar, miembros o deudores hipotecarios con algún tipo de discapacidad o enfermedad, incapacidad laboral, etc. que se puedan acreditar.
  3. Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  4. Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

¿Cuándo se entenderá que se han producido estas circunstancias?

  1. Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,3.
  2. Se entenderá que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.
  3. Se entenderá por unidad familiar aquella que esté compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda.

¿Qué documentación habrá que presentar para acreditar que se cumplen las condiciones establecidas?

  1. En caso de haber pasado a una situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  2. En caso de haberse producido el cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  3. El número de personas que habitan la vivienda se acreditará mediante la presentación del libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de empadronamiento relativo a las personas que residan en la vivienda, con referencia al momento de presentación de esta documentación y los seis meses inmediatamente anteriores, declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad, en su caso.
  4. Titularidad de los bienes se acreditará mediante nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar; escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.
  5. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto ley.

¿Cuál es el plazo para acogerse a esta moratoria?

Se amplía hasta el 30 de marzo de 2021 el plazo para que los consumidores y los trabajadores autónomos vulnerables puedan solicitar el aplazamiento para pagar las cuotas de préstamos hipotecarios y personales.
Además, se amplía el periodo en el que se congela el pago de las cuotas hasta un máximo de nueve meses.
Este nuevo plazo máximo de duración se aplica a todas las moratorias, tanto a las legales como a las acogidas a los acuerdos sectoriales.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por moratorias y suspensiones legales las concedidas al amparo de las siguientes disposiciones:

  1. Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19;
  2. Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19;
  3. Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo;
  4. Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Podrán solicitar la aplicación de la moratoria durante un máximo de nueve meses:

  • Quienes no la hubieran solicitado previamente.
  • Quienes ya hayan aprovechado una o varias moratorias por un plazo total acumulado inferior a nueve meses.

MÁS INFORMACIÓN: 

Esta información tiene carácter orientativo, no siendo vinculante en ningún caso. Se concibe como una información de apoyo al emprendimiento. Se recomienda comprobar la normativa oficial y, en su caso, estudiar y consultar cada caso concreto.